DIEZ- PICAZO, LUIS MARIA
Cuando se pide al juez que ordene o avale la
revelación de un secreto, la cuestión principal, desde un punto
de vista constitucional, es si la protección de ese secreto
está protegida por la Constitución (intimidad, secreto
sumarial, secreto de Estado, etc.) o, aún siendo legítima, no
lo está (reserva empresarial, secreto bancario, etc.). En este
último supuesto, el juez ha de limitarse a interpretar y aplicar
la ley correspondiente. Si el secreto es constitucionalmente
relevante, en cambio, no basta con la aplicación judicial de la
ley, sino que la operación clave consistirá en determinar si
hay en presencia otros valores constitucionales (libertad de
información, tutela de la salud, investigación de la
paternidad, etc.) ante los cuales dicho secreto deba ceder; es
decir, siempre dentro del respeto de la ley aplicable, habrá que
proceder a una ponderación de los valores constitucionales en
juego; y, en este punto, es de crucial importancia subrayar que
el principio de proporcionalidad, inherente a toda ponderación
exige minimizar el sacrificio del valor que deba ceder. Ni que
decir tiene que, si la ley aplicable excluye de raíz esa
ponderación entre valores constitucionales e impone la
automática e incondicionada prevalencia de uno sobre otro, lo
más prudente es plantear la cuestión de inconstitucionalidad
(art. 163 de la Constitución).
Cuando lo que se pide al
juez es, en cambio, que admita u obtenga información secreta a
efectos probatorios, el problema se centra en esa faceta del
derecho a la tutela judicial efectiva que consiste en utilizar
«los medios de prueba pertinentes» (art. 24 de la
Constitución). Así lo demuestran las sentencias de la Sala 3.ª
del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1997, relativas a los
llamados «papeles del Cesid».
Introducción.— 1. El
secreto del Estado en el proceso penal: a propósito de la
Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de 14 de
diciembre de 1995. 2. Secretos oficiales: una propuesta de
control. 3. Secretos oficiales: dos nuevas propuestas. 4. La
desclasificación judicial del secreto de Estado: comentario a
las sentencias de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de 4 de abril
de 1997. 5. Publicidad y secreto en la Constitución.
