URBANO CASTRILLO, E
El desarrollo que la temática de la prueba ilícita ha alcanzado en los últimos tiempos en los Tribunales, y la controversia doctrinal en torno a ella, sitúan al libro que comentamos, a la vanguardia de las obras más actuales y práctica sobre dicha materia.
Aparecida en 1997, la problemática que aborda, lejos de desaparecer o dejar de interesar, sigue siendo clave a la hora de encarar los procesos, pues, la decisión sobre la validez de la prueba, es una cuestión fundamental de la que depende el ser o no ser del proceso.
En efecto, han transcurrido seis años ya, desde que en 1997, apareció la 1ª edición de la ´Prueba Ilícita Penal. Estudio Jurisprudencial´. La buena acogida de la obra propició una 2ª Edición en 2000, y ahora ve la luz, esta tercera edición que no es una simple actualización jurisprudencial, aunque se incorporan más de 300 nuevas sentencias, sino que estamos prácticamente ante una obra notablemente reformada, aunque mantiene el espíritu ágil y directo, de la edición original que ha alcanzado un tamaño que casi duplica a la 1ª Edición.
´La Prueba Ilícita Penal´, ofrece un minucioso y crítico examen de las modalidades probatorias que se emplean cotidianamente en la práctica forense, complementando así, el escueto panorama de la vieja LECrim, que sólo contiene siete clases de prueba, al ofrecer una treintena de medios de prueba, algunos tan actuales como el documento electrónico, las intervenciones de las comunicaciones electrónicas, el ´scanner para detectar conversaciones a través de móviles´, el reconocimiento antropométrico -retratos ´robot´- por la voz o las exploraciones corporales, como el ADN o la extracción coactiva de sangre, o la cada vez más interesante problemática del testimonio de quienes están amparados por el secreto profesional (abogados o sacerdotes).
En particular, y como novedades, se introduce el tratamiento procesal de la prueba ilícita en los diversos procesos penales; las últimas y contradictorias resoluciones sobre la ´conexión de antijuricidad´; la nueva doctrina constitucional sobre la prueba del coimputado; tres nuevas clases de testifical (la del letrado, los enfermos y la problemática de las personas amparadas por el secreto profesional); una nueva modalidad de registro de objetos cerrados (las taquillas); la intervención de las comunicaciones electrónicas y un tratamiento más extenso del documento electrónico; la mejora del examen de la prueba documental, con una especial consideración de los documentos a efectos casacionales; y la prueba a través de videoconferencia.
