MAGRO SERVET, VICENTE
Libro que estudia dos normas de enorme calado social, la LO 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y la LO 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Su contenido es de indudable interés, por tratarse de cuestiones apegadas al día a día, y por la metodología seguida por los autores, ya que frente a planteamientos teóricos, la obra se ha concebido con un punto de vista práctico, mediante preguntas y respuestas para mejor desbrozar y exponer cuantos temas suscitan las leyes.
De siempre, cualquier modificación legislativa causa en las personas directamente afectadas por su aplicación la lógica inquietud derivada del desconocimiento de la nueva situación que se crea como consecuencia de la entrada en vigor de la norma. Y, por supuesto, esa preocupación se incrementa en el caso de los juristas, quienes en el desarrollo de su labor profesional han de trabajar necesariamente con esas normas y necesitan por ello de medios que les auxilien para obtener un correcto entendimiento del sentido y alcance de dichas novedades legales.
Si a lo dicho se agrega que en el caso de la presente obra las leyes en estudio son disposiciones de enorme calado social, es indudable que su contenido ha de despertar un indudable interés, por tratarse de cuestiones apegadas al día a día. A ello se añade, además, la propia metodología seguida por los autores para el análisis de las materias que constituyen el objeto del libro. En efecto, frente a otros planteamientos teóricos, esta obra ha sido concebida con un punto de vista práctico; se trata de una guía cuya intención es dar una explicación fundada y comprensible de las normas jurídicas que son examinadas. Y así, el volumen adopta la sistemática de preguntas y respuestas para mejor desbrozar y exponer cuantos temas suscitan las leyes.
Dos en concreto son las normas de las que se ocupa el libro. En primer lugar, la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, dictada con el objetivo de contemplar la exigencia de responsabilidad para los jóvenes infractores que no hayan alcanzado la mayoría de edad penal, y fundamentada en principios orientados hacia la reeducación de los menores de edad. Su trascendencia es innegable y nace fruto de una propia necesidad social, que incluso la misma Ley se encarga de señalar en su Exposición de Motivos cuando expresa el deseo de que la norma responda «a las expectativas creadas en la sociedad española, por razones en parte coyunturales y en parte permanentes, sobre este tema concreto».
La segunda de las normas objeto de estudio es la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, disposición que bien puede decirse que tiene su razón de ser en un auténtico «clamor popular», que ha exigido la regulación de una grave realidad hasta ahora no suficientemente contemplada por la normativa legal, que desgraciadamente ha derivado en los últimos tiempos hacia episodios tan lamentables como la muerte de numerosas mujeres víctimas de la violencia que sobre ellas ejercían sus parejas, y que por la propia complejidad del problema ha exigido la adopción de medidas de muy distinta índole, abarcando aspectos tan diversos como la educación, la asistencia sanitaria, medidas económicas y de protección social, e igualmente una adecuación del Código Penal para una correcta punición de este tipo de infracciones, con la consecuente reforma de los trámites procesales para garantizar su satisfactoria tutela en el ámbito judicial.
En suma, pues, dos normas llamadas a tener inmediata y amplia aplicación, y que por su nivel de afectación repercuten de manera apreciable en muy diferentes esferas sociales.
