MONGE FERNÁNDEZ, ANTONIA
Según el Informe Anual de Accidentes de Trabajo en España, en el año 2015 ocurrieron 529.248 accidentes de trabajo con baja, siendo la Construcción el sector de actividad con mayor índice de incidencia que con una cifra de 6.794,5 supera en más del doble la media de los índices sectoriales. Estas alarmantes cifras contrastan con una extensa red de normas civiles, laborales, administrativas y penales que pretenden prevenir los riesgos derivados de la construcción, imponiendo a los sujetos legalmente obligados especiales deberes, para que los trabajadores a su cargo desempeñen su actividad laboral con las medidas de seguridad e higiene adecuadas.
En los últimos tiempos aquel sector se ha caracterizado por la previsión de normas específicas en materia preventiva (RD 1627/1997, 24 octubre), que completa la legislación general a la que recientemente cabe añadir una Ley reguladora de la subcontratación de ámbito exclusivamente sectorial, originando una especial complejidad.
En segundo lugar, en el ámbito civil se ha planteado como una cuestión controvertida con relación a la responsabilidad civil en la construcción su naturaleza como obligación de medios o de resultados. Debe subrayarse la impronta de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, que viene a modificar el ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional social, que se amplía, racionaliza y clarifica respecto a la normativa anterior, lo que constituye la principal novedad, de la misma.
En tercer lugar, se han producido notables cambios en el ámbito del Derecho positivo que igualmente afectan a la siniestralidad laboral, generados por la LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, reflejados en la supresión de las faltas de homicidio o lesiones, trasladando la exigencia de responsabilidad a la vía civil.
En cuarto lugar, se ha operado una evolución por lo que respecta a las cuestiones litigiosas derivadas de un accidente de trabajo, transfiriéndose desde la jurisdicción civil a la social, con una tendencia hacia un ´ámbito unitario de tutela jurisdiccional´, destacando la especial carga probatoria del empresario, entendida como deuda de seguridad de la empresa.
Finalmente, los aspectos fundamentales sobre Responsabilidad y Construcción han desplegado sus efectos más allá de nuestras fronteras, sobre todo en el Espacio Europeo, en virtud de las Normas de Bruselas 1 bis (Reglamento UE nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo).
