MARGARITA MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y
El ciudadano usuario de la justicia soporta unos costes que deben ser tenidos muy en cuenta a la hora de plantearse la posibilidad de litigar. Sobre los profesionales que defienden y representan a las partes pesa el encargo de informar correctamente a sus clientes sobre esta materia, no exenta de inseguridades, pues es cierto que no se le suele dar la importancia que reviste, al menos en su mero aspecto pecuniario.
Este libro pretende orientar, a través de un análisis detallado, sobre qué gastos específicos pueden producirse por causa de un litigio y su razón de ser. En particular, de un lado, qué conceptos y cuantías de entre ellos pueden ser recuperados a costa del vencido si se obtiene una sentencia con pronunciamiento favorable, y cuáles corren de cuenta exclusiva del vencedor. Y de otro, en caso de resultar condenado, hasta qué punto se debe hacer frente a los gastos realizados por el adversario. Para ello se revisa la tasación de costas, a través de la jurisprudencia y práctica de nuestros Tribunales,
así como las partidas más relevantes que pueden integrarla, referidas a honorarios de Abogados y derechos de Procuradores, minutas periciales y la mayoría de los gastos que tienen alguna importancia, entre ellos el IVA, poniéndolos en relación con las normas procesales aplicables a los concretos supuestos, con cita de la doctrina actual. También se ha intentado un acercamiento al estado de la cuestión suscitada por la tasa judicial introducida en
nuestro ordenamiento jurídico por el artículo 35 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 30 de diciembre de 2002, con el estudio de las opiniones doctrinales y jurisprudenciales más significativas.
Asimismo se incluye un pormenorizado desarrollo del Arancel de derechos de los Procuradores aprobado en 2003 y su reciente modificación en lo tocante a procesos concursales.
