GARCÍA RUIZ, ILDEFONSO
El 20 de enero de 2007, tres mil guardias civiles vestidos con sus uniformes reglamentarios se concentraban en la Plaza Mayor de Madrid. Reclamaban derechos sociales y laborales de los que estaban privados, y de los que todavía hoy, una década después, siguen careciendo en muchos casos. Aquella demostración constituyó un insólito acto de valentía en cuanto supuso un auténtico desafío al poder, y como tal quedó reflejado en los medios de comunicación, copando portadas de los principales diarios nacionales y abriendo informativos de radio y televisión. Como consecuencia de aquella acción, a finales de ese mismo año el Gobierno, presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aprobaba dos leyes orgánicas que en principio representaban un enorme avance en las condiciones de trabajo de los guardias civiles: la Ley de Derechos y Deberes y la de Régimen Disciplinario. Unas normas que, si bien tenían y mantienen un amplio margen de mejora, vinieron al menos a dotar a los trabajadores de la Benemérita de unas herramientas básicas para la protección de sus derechos. Ese mismo año, además, eran reconocidas y