DELGADO SANCHO, CARLOS DAVID
El principio de proporcionalidad informa la totalidad del ordenamiento jurídico, pero en el ámbito del Derecho tributario sancionador, al igual que los demás principios de esta rama del derecho, cumple una doble función, de un lado, limita la potestad sancionadora de la Hacienda pública, de otra parte, se convierte en un auténtico derecho subjetivo del presunto infractor.
El análisis del principio de proporcionalidad requiere establecer una justa equivalencia entre el ilícito cometido y la infracción tipificada, así como entre la propia infracción y la sanción impuesta, para lo cual habrá que buscar comparables idóneos, tarea nada fácil, pues el régimen sancionador está diseñado para allegar recursos a las maltrechas arcas públicas, en consonancia con los objetivos eminentemente recaudatorios de la Inspección de los Tributos, por lo que una Administración eficaz, aunque vulneradora de los derechos fundamentales, tenderá a generalizar las sanciones, convirtiéndolas en auténticos tributos.
A esta dificultad inicial hay que añadir que el contribuyente inspeccionado se enfrenta a un Inspector burócrata, no persigue el fraude fiscal real sino el aparente, y recaudador, no es imparcial, habiendo asumido el primero la gestión de los tributos, por lo que debe interpretar y aplicar unas normas tributarias complejas y en constante cambio, para después presentar una declaración perfecta e ingresar en plazo, a través de internet, mientras la Inspección de los Tributos se limita a sancionar todo incumplimiento de las innumerables obligaciones tributarias que pesan sobre el contribuyente .
