ÁLVAREZ GARCÍA, VICENTE
El sector industrial constituye en torno a una tercera parte del total de la economía en el mundo occidental. Esta circunstancia, unida a las repercusiones que la industria tiene sobre valores tan esenciales en la vida contemporánea como, entre otros, la protección de la seguridad, del medio ambiente o de los consumidores y usuarios, justifica la intervención que los poderes públicos ejercen sobre este sector económico capital. Es cierto, no obstante, que, desde hace ya varias décadas, junto a la labor de estos poderes públicos se ha desarrollado una participación cada vez más intensa de los sujetos privados en las distintas esferas de la regulación de la industria.
Esta obra, que constituye un verdadero Tratado de Derecho Industrial enmarcado dentro de la colección Derecho de la Regulación Económica -dirigida por el Profesor Santiago Muñoz Machado-, explica precisamente la colaboración del ámbito público y privado para intentar una permanente mejora en el funcionamiento de esta parte esencial de la esfera económica.
Con esta finalidad, el autor aborda a lo largo de este libro el estudio de cuestiones tan trascendentales como las relativas a: las modulaciones que la libertad constitucional de empresa tiene en materia industrial; el reparto de competencias entre las distintas Administraciones (en particular, entre la europea, la estatal y las autonómicas) sobre este sector económico, efectuando, en este contexto, un exhaustivo análisis de la normativa europea y nacional reguladora de esta materia; la elaboración de la normativa técnica (o normalización) tanto en el ámbito voluntario como en el obligatorio, explicando la ingente cantidad de problemas jurídicos ligados a este proceso normalizador a nivel interno español, pero también en la esfera de Unión Europea y de la Organización Mundial del Comercio; el control de la aplicación de la normativa técnica, acercando al lector a la comprensión de mecanismos tan importantes tradicionalmente para el mundo de la industria (pero también hoy para el de los servicios e, incluso, de la agricultura) como la acreditación, la certificación y el marcado de conformidad; la aplicación de las normas reguladoras de la competencia empresarial en el mundo de la técnica industrial; la protección del medio ambiente industrial mediante instrumentos de naturaleza jurídica voluntaria, que coexisten con los mecanismos de naturaleza imperativa; el marco comunitario de vigilancia del mercado y la protección frente a los productos e instalaciones industriales en el ámbito de la seguridad industrial; la metrología industrial; o el papel de la normativa técnica en el ámbito de la contratación del sector público.
