NEUBORNE, BURT
En mi opinión, un jurista continental podría estar interesado en el estudio del control de constitucionalidad en los Estados Unidos, como mínimo por dos motivos. En primer lugar, porque el control constitucional está formalmente más cerca de la tradición del derecho civil de lo que suele creerse. Desde luego, podría argumentarse que la interpretación y aplicación de la Constitución es la función, asumida por un juez americano, que más se aproxima a la propia de sus homólogos continentales. La responsabilidad de asignarle un sentido coherente con las necesidades actuales, a un texto venerable, es un nexo de unión entre los jueces de los países adscritos a la tradición del derecho civil y del «common law». Los jueces de ambos sistemas tienen, pues, mucho que aprender de sus experiencias respectivas. Más importante todavía creo que es, sin embargo, el hecho que el control de la constitucionalidad constituye un intento de rectificar el defecto estructural latente en el sistema democrático: la posibilidad de prepotencia de las mayorías. Desgraciadamente, hemos aprendido que las mayorías pueden ser insensibles, y muy injustas, en el trato de los individuos y colectivos desfavorecidos y marginales.
Cuando se comparan los sistemas democráticos con los sistemas totalitarios y autoritarios, las ventajas de los primeros son tan poderosas que tendemos a minimizar sus defectos e inconvenientes. Pero cuando una sociedad ha conseguido establecer un gobierno democrático, no puede seguir ignorando los problemas estructurales de la democracia. La vigilancia frente al riesgo de la tiranía de las mayorías es imprescindible, tanto para preservar el sistema democrático, como para proteger a los más débiles. El derecho constitucional norteamericano reacciona ante ese peligro permitiendo que los jueces identifiquen la existencia de derechos individuales implícitos en el texto de la Constitución y que protejan tales derechos, incluso contra la voluntad de la mayoría, mediante el mecanismo del control de constitucionalidad. Esta respuesta institucional otorga un gran poder a la magistratura y somete la mayoría a un control muy sustancial. El precio de la reacción institucional contra la posible opresión de las minorías es, en el sistema norteamericano, la intromisión del poder judicial en el proceso democrático de adopción de las decisiones.
